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Ley 21.719 en Chile: qué exige en ciberseguridad

Conoce qué exige la Ley 21.719 en Chile sobre ciberseguridad, protección de datos personales y medidas que deben evaluar las empresas.

14 min de lectura

Ley 21.719 en Chile: qué exige en ciberseguridad

La Ley 21.719 de Chile moderniza la regulación sobre protección de datos personales y establece nuevas obligaciones para las organizaciones que recopilan, almacenan, utilizan o comparten información de personas naturales. Entre sus principales exigencias se encuentra la implementación de medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas a los riesgos del tratamiento de datos.

Para las empresas, esto implica avanzar más allá de contar con antivirus o un firewall. La nueva normativa exige proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, aplicar medidas preventivas, evaluar su eficacia y disponer de mecanismos para responder ante incidentes de seguridad.

¿Qué debe hacer una empresa para prepararse para la Ley 21.719? El primer paso es identificar qué datos personales trata y dónde se encuentran. Luego, debe evaluar quién puede acceder a ellos, qué medidas de protección existen y cómo detectaría y gestionaría una eventual vulneración.

La preparación requiere un trabajo coordinado entre las áreas de TI, ciberseguridad, cumplimiento y dirección de la empresa. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de establecer procesos verificables para proteger la información.

¿Qué es la Ley 21.719 y cuándo entra en vigencia en Chile?

La Ley N.º 21.719 fue publicada el 13 de diciembre de 2024 y modifica el marco chileno de protección de datos personales.

Su objetivo es fortalecer los derechos de las personas respecto de su información y establecer responsabilidades más claras para las organizaciones que realizan actividades de tratamiento de datos.

Entre sus principales cambios se encuentran:

  • Nuevos derechos y mecanismos para que las personas controlen sus datos personales.
  • Ampliación y regulación de las bases que permiten tratar información.
  • Obligaciones de transparencia, confidencialidad y seguridad.
  • Medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto.
  • Reglas para comunicar determinadas vulneraciones de seguridad.
  • Creación de la Agencia de Protección de Datos Personales.
  • Un régimen de fiscalización y sanciones.

El texto oficial puede consultarse en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (se abre en una pestaña nueva).

¿Cuándo comienza a aplicarse la nueva ley?

Al 6 de noviembre de 2026, la entrada en vigencia establecida en la legislación publicada es el 1 de diciembre de 2026.

Sin embargo, existe una propuesta legislativa que busca postergar su aplicación. El proyecto fue ingresado al Congreso en septiembre de 2026 y continúa su tramitación.

El estado puede consultarse en la ficha oficial del proyecto de modificación de la Ley 21.719 (se abre en una pestaña nueva).

Hasta que se publique una modificación legal, las empresas no deberían considerar aprobada una eventual postergación.

Más allá de la fecha definitiva, identificar datos personales, limitar accesos y mejorar la respuesta ante incidentes son medidas que aportan valor a la seguridad de cualquier organización.

¿Qué empresas deben prepararse?

La normativa resulta relevante para organizaciones públicas y privadas que realizan tratamiento de datos personales dentro de su ámbito de aplicación.

Por ejemplo:

  • Empresas que administran bases de datos de clientes.
  • Comercios que recopilan información de compradores.
  • Organizaciones que almacenan antecedentes de trabajadores.
  • Clínicas y centros de salud que tratan información de pacientes.
  • Instituciones financieras que procesan datos personales.
  • Empresas que utilizan plataformas de atención, CRM o servicios en la nube.

Las obligaciones concretas dependen del papel que cumple cada organización, del tipo de información tratada y de las características de sus operaciones.

No todas las empresas necesitan implementar las mismas herramientas, pero sí deben evaluar los riesgos asociados a sus tratamientos de datos.

¿Qué medidas de ciberseguridad exige la Ley 21.719?

Uno de los puntos centrales de la normativa es el artículo 14 quinquies, que establece el deber de adoptar medidas de seguridad.

La ley dispone que los responsables deben implementar medidas apropiadas considerando factores como la naturaleza de los datos, los riesgos, el estado de la tecnología y los costos de aplicación.

Estas medidas deben contribuir a proteger cuatro propiedades fundamentales.

1. Confidencialidad

La información debe estar disponible únicamente para las personas, sistemas o procesos autorizados.

Por ejemplo, un trabajador del área comercial no debería tener acceso indiscriminado a antecedentes de remuneraciones o información médica de otros empleados.

Para controlar estos riesgos pueden utilizarse mecanismos de autenticación, permisos por perfil, segmentación de redes y cifrado.

2. Integridad

Los datos deben protegerse frente a modificaciones, alteraciones o destrucciones no autorizadas.

Esto implica contar con controles que ayuden a detectar cambios indebidos y mantener registros confiables sobre las operaciones realizadas.

3. Disponibilidad

Los sistemas que procesan información deben mantener niveles de disponibilidad adecuados a las necesidades y riesgos de la organización.

Una interrupción que impida acceder a datos personales también puede afectar la operación y los derechos de sus titulares.

Por eso, la continuidad tecnológica forma parte de la evaluación de seguridad.

4. Resiliencia

La organización debe tener capacidad para resistir, responder y recuperarse frente a incidentes que afecten sus sistemas de tratamiento.

Esto incluye considerar respaldos, recuperación, monitoreo y procedimientos para restablecer la disponibilidad de la información.

La normativa también contempla la necesidad de evaluar regularmente la eficacia de las medidas adoptadas.

Un punto importante: la Ley 21.719 no establece que todas las empresas deban comprar una marca específica de firewall, antivirus o plataforma de seguridad.

Lo que exige es implementar controles técnicos y organizativos proporcionales al riesgo.

La selección de tecnologías debe responder a ese diagnóstico.

¿Cómo proteger los datos personales dentro de una empresa?

Una estrategia efectiva comienza identificando la información que necesita protección.

En muchas organizaciones, los datos personales se encuentran distribuidos entre computadores, servidores, aplicaciones SaaS, sistemas de recursos humanos y bases de datos comerciales.

Esto dificulta conocer dónde está almacenada la información y quién puede utilizarla.

1. Identificar y clasificar la información

El primer paso consiste en realizar un inventario de los datos personales tratados.

Este levantamiento debería responder:

  • ¿Qué datos personales recopila la empresa?
  • ¿Para qué se utilizan?
  • ¿Dónde se almacenan?
  • ¿Qué aplicaciones y proveedores intervienen?
  • ¿Quiénes pueden acceder?
  • ¿Durante cuánto tiempo se conservan?
  • ¿Con quiénes se comparten?

No todos los datos requieren exactamente las mismas medidas.

La información médica, biométrica y otras categorías especialmente protegidas pueden demandar controles adicionales, según la naturaleza del tratamiento y la normativa aplicable.

2. Proteger los datos en movimiento

Los datos en movimiento son aquellos que circulan entre dispositivos, aplicaciones, servidores y redes.

Por ejemplo, cuando una oficina envía información a un servidor corporativo o un trabajador accede de manera remota a una plataforma empresarial.

En estos escenarios pueden evaluarse:

  • Cifrado de las comunicaciones.
  • Firewalls de nueva generación.
  • Inspección y monitoreo del tráfico.
  • Segmentación de redes.
  • Conexiones remotas seguras.
  • Sistemas de prevención de fuga de datos.

Un firewall de nueva generación o NGFW puede ayudar a inspeccionar aplicaciones, controlar comunicaciones y detectar determinadas amenazas.

REDcol ofrece soluciones de seguridad de redes empresariales, incluyendo firewalls de nueva generación, prevención de intrusiones, protección contra malware y análisis de tráfico.

3. Proteger los datos en uso

Los datos en uso son aquellos que están siendo procesados o consultados por personas y aplicaciones.

Un ejemplo frecuente es un trabajador que descarga información de clientes desde un CRM para analizarla.

También ocurre cuando se copian antecedentes corporativos hacia aplicaciones externas, incluidas herramientas de inteligencia artificial.

Para reducir los riesgos conviene establecer permisos de acceso, políticas de uso de información y controles sobre la transferencia de archivos.

Las soluciones de prevención de pérdida de datos o DLP (Data Loss Prevention) pueden contribuir a detectar o impedir determinadas transferencias de información sensible.

Su implementación debe contemplar las necesidades de la operación y una política clara sobre qué información necesita protección.

4. Proteger los datos almacenados

Los datos en reposo se encuentran almacenados en servidores, bases de datos, computadores o servicios en la nube.

La empresa debe evaluar los riesgos de acceso no autorizado, eliminación accidental, ransomware y fallas de infraestructura.

Entre las medidas habituales se encuentran el cifrado, los respaldos, el control de permisos y la protección de los dispositivos.

También resulta importante comprobar periódicamente que los respaldos pueden restaurarse.

Contar con una copia de seguridad no garantiza la recuperación de la información si nunca se ha probado su funcionamiento.

¿Cómo controlar quién puede acceder a los datos personales?

Una de las decisiones más importantes en ciberseguridad es definir quién puede ingresar a los sistemas y qué recursos está autorizado a utilizar.

En organizaciones con trabajo remoto, múltiples sucursales y aplicaciones en la nube, esta tarea puede resultar especialmente compleja.

Autenticación multifactor

La autenticación multifactor o MFA incorpora una verificación adicional a la contraseña.

Su objetivo es reducir el riesgo de que una credencial comprometida permita ingresar directamente a un sistema.

Es recomendable priorizar su utilización en cuentas administrativas, accesos remotos y aplicaciones que contienen información sensible.

Principio de mínimo privilegio

Consiste en otorgar a cada usuario únicamente los permisos necesarios para realizar sus tareas.

Por ejemplo, una persona que necesita consultar determinados registros no debería tener automáticamente autorización para descargar toda una base de datos o modificar sus configuraciones.

La revisión periódica de permisos también permite detectar accesos que permanecen activos después de cambios de funciones o desvinculaciones.

VPN, ZTNA y SASE: ¿qué diferencias existen?

Estas tecnologías pueden utilizarse para proteger distintos escenarios de conectividad y acceso.

VPN (Virtual Private Network)

Permite establecer conexiones cifradas entre usuarios, dispositivos o redes.

Es una tecnología ampliamente utilizada para el acceso remoto corporativo.

Sin embargo, el alcance de los permisos debe configurarse cuidadosamente para evitar que una conexión VPN habilite acceso innecesario a otros recursos.

ZTNA (Zero Trust Network Access)

Es un enfoque de acceso que permite autorizar conexiones a aplicaciones específicas considerando la identidad, el dispositivo y otras condiciones de seguridad.

Su objetivo es limitar el acceso a los recursos necesarios, en lugar de otorgar confianza amplia por el simple hecho de estar conectado a la red.

SASE (Secure Access Service Edge)

Es una arquitectura que combina capacidades de conectividad y seguridad para usuarios, dispositivos y aplicaciones distribuidos.

Puede integrar funciones como ZTNA, acceso web seguro, seguridad de aplicaciones SaaS y componentes de red.

No todas las empresas necesitan implementar una arquitectura SASE completa.

La elección depende de la cantidad de sedes, los usuarios remotos, las aplicaciones utilizadas y los riesgos identificados.

Seguridad para empresas con múltiples sucursales

Cuando una organización tiene oficinas distribuidas, también necesita administrar cómo circula la información entre ubicaciones.

Una arquitectura SD-WAN con capacidades de seguridad puede ayudar a centralizar políticas, proteger comunicaciones y gestionar diferentes enlaces.

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Estas herramientas pueden formar parte de una estrategia de protección, pero su implementación no sustituye la evaluación legal ni los demás controles de datos personales.

¿Qué debe hacer una empresa ante una filtración de datos personales?

La seguridad no consiste solamente en prevenir incidentes.

También es necesario detectar comportamientos anómalos, responder oportunamente y conservar información que permita comprender lo ocurrido.

El artículo 14 sexies de la Ley 21.719 establece obligaciones de comunicación frente a determinadas vulneraciones de seguridad.

Estas obligaciones dependen de las características del incidente y del riesgo para los derechos y libertades de las personas afectadas.

No todas las alertas de ciberseguridad constituyen automáticamente una vulneración de datos personales que deba notificarse.

La organización necesita evaluar cada caso conforme a la normativa aplicable.

1. Detectar el incidente

La detección puede comenzar mediante alertas del firewall, sistemas de protección de dispositivos, registros de aplicaciones o reportes de usuarios.

El objetivo es identificar comportamientos como accesos indebidos, transferencias anómalas de información o modificaciones no autorizadas.

2. Contener la amenaza

Una vez identificada una actividad sospechosa, el equipo responsable debe evaluar medidas para impedir que continúe.

Estas pueden incluir bloquear cuentas comprometidas, aislar equipos o limitar determinadas conexiones.

Las acciones deben ejecutarse procurando preservar la información necesaria para investigar el incidente.

3. Determinar qué datos resultaron afectados

No basta con identificar el dispositivo comprometido.

La empresa necesita establecer qué información estuvo involucrada, si existió acceso no autorizado y cuáles podrían ser las consecuencias.

Esta evaluación permite determinar las acciones de mitigación y las eventuales obligaciones de comunicación.

4. Conservar registros y evidencias

Los registros de actividad o logs pueden ayudar a reconstruir lo sucedido.

Entre otros antecedentes, pueden aportar información sobre fechas, accesos, operaciones y sistemas involucrados.

Para ello, deben existir políticas adecuadas de retención, protección e integridad de registros.

5. Gestionar las notificaciones correspondientes

Cuando un incidente reúne las condiciones legales, el responsable debe cumplir las obligaciones de comunicación aplicables.

La Ley 21.719 establece la notificación a la Agencia sin dilaciones indebidas ante determinadas vulneraciones que impliquen un riesgo razonable para los titulares.

Además, contempla circunstancias en las que corresponde comunicar el incidente a las personas afectadas.

Es importante no confundir estas obligaciones con los procedimientos y plazos que puedan establecer otras normas de ciberseguridad.

¿Qué herramientas pueden ayudar a detectar incidentes?

Entre las tecnologías utilizadas en operaciones de seguridad se encuentran:

  • SIEM: centraliza y correlaciona registros de diferentes sistemas.
  • EDR: permite detectar e investigar amenazas en dispositivos.
  • XDR: relaciona señales de seguridad provenientes de distintas fuentes.
  • IDS/IPS: detecta o bloquea determinadas actividades de red.
  • SOAR: facilita la automatización de procedimientos de respuesta.

No todas estas soluciones son necesarias en todas las organizaciones.

Lo importante es definir qué riesgos deben monitorearse, quién recibe las alertas y qué procedimientos se activan cuando ocurre un incidente.

¿Cómo preparar una estrategia de ciberseguridad para la Ley 21.719?

La adecuación a la normativa debería abordarse como un proyecto transversal, no como una compra aislada de software.

Una metodología práctica consiste en avanzar mediante cinco etapas.

1. Diagnosticar la situación actual

Comenzar con un levantamiento de los sistemas, usuarios, datos personales, aplicaciones y controles existentes.

Esto permite identificar riesgos y conocer el punto de partida.

2. Identificar las brechas

Comparar las medidas actuales con los requisitos legales y las necesidades reales de protección.

Por ejemplo, una empresa podría detectar que dispone de firewall, pero no cuenta con procedimientos formales para revisar accesos o gestionar vulneraciones.

3. Definir una arquitectura de protección

Seleccionar controles que funcionen de manera coordinada.

Pueden incluir seguridad perimetral, segmentación, autenticación, protección de dispositivos, cifrado y monitoreo.

La arquitectura debe adecuarse a la infraestructura y a los tratamientos de datos de la organización.

4. Establecer responsables y procedimientos

Definir quién administra los accesos, quién evalúa incidentes y quién coordina las obligaciones de privacidad y cumplimiento.

También deben existir procedimientos para responder a solicitudes de titulares y revisar contratos con proveedores que tratan datos personales.

Estas tareas requieren coordinación entre el equipo técnico y los responsables legales.

5. Implementar, medir y mejorar

La última etapa consiste en aplicar los controles, comprobar su funcionamiento y realizar revisiones periódicas.

Por ejemplo:

  • Revisar permisos de usuarios.
  • Verificar la aplicación de MFA.
  • Evaluar configuraciones de firewall.
  • Comprobar la restauración de respaldos.
  • Revisar alertas e incidentes.
  • Documentar mejoras y correcciones.

La metodología puede apoyarse en marcos de referencia como el NIST Cybersecurity Framework 2.0 (se abre en una pestaña nueva), que organiza la gestión del riesgo de ciberseguridad en funciones como gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.

La preparación no termina cuando se instala una herramienta. Los controles deben mantenerse, evaluarse y actualizarse.

Preguntas frecuentes sobre la Ley 21.719 y ciberseguridad

¿Qué exige la Ley 21.719 a las empresas en Chile?

La Ley 21.719 establece obligaciones relacionadas con el tratamiento lícito de datos personales, transparencia, derechos de los titulares y seguridad de la información. Las organizaciones deben implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas a sus riesgos, proteger los datos frente a accesos no autorizados y gestionar determinadas vulneraciones de seguridad.

¿Es obligatorio implementar un firewall para cumplir la Ley 21.719?

La ley exige medidas de seguridad apropiadas al riesgo, pero no obliga universalmente a contratar un modelo o marca de firewall. Un firewall de nueva generación puede contribuir a proteger redes empresariales, controlar tráfico y detectar amenazas. Sin embargo, su implementación debe formar parte de una estrategia más amplia de protección de datos.

¿Cuándo entra en vigencia la Ley 21.719?

Al 6 de noviembre de 2026, el texto legal vigente mantiene como fecha de entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Existe un proyecto de ley que propone postergar su aplicación, pero todavía se encuentra en tramitación. Las empresas deberían revisar las actualizaciones oficiales antes de tomar decisiones basadas en una eventual prórroga.

¿Qué sucede si una empresa sufre una filtración de datos personales?

La empresa debe investigar el incidente, determinar qué información fue afectada, contener la amenaza y evaluar sus obligaciones legales. La Ley 21.719 contempla notificaciones a la autoridad y, en determinadas circunstancias, a los titulares. Los requisitos concretos dependen del riesgo generado y de las disposiciones aplicables al incidente.

Conclusión: proteger los datos requiere más que instalar herramientas

La Ley 21.719 representa un cambio importante en la manera en que las organizaciones chilenas deben gestionar la información personal.

Para los equipos de TI, el desafío consiste en traducir las obligaciones de seguridad en medidas concretas y verificables.

Esto requiere conocer dónde se encuentran los datos, controlar los accesos, proteger las comunicaciones y disponer de mecanismos para detectar y responder ante incidentes.

La mejor estrategia no es acumular herramientas de ciberseguridad, sino construir una arquitectura que permita prevenir riesgos, mantener la operación y demostrar que los controles funcionan.

Una infraestructura segura también necesita políticas, responsables y procedimientos adecuados.

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Estas tecnologías pueden contribuir a fortalecer los controles técnicos de una organización como parte de un proyecto integral de protección de datos.

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